A- de 2022

Conflicto negativo de competencia en materia de tutela suscitado entre la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y la Sección Segunda – Subsección A del Consejo de Estado.

Encontró la Corte que en el presente caso solo se configuró un conflicto aparente, en la medida en que la Sala de Casación Civil adoptó las reglas de reparto referidas en el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021), para declarar la nulidad de lo actuado por parte del juez de primera instancia, y abstenerse de resolver la impugnación promovida, con lo cual aplicó una regla de reparto que no desplazaba su competencia, afectando la celeridad y eficacia de la administración de justicia, así como la salvaguarda de los derechos fundamentales de la parte accionante y, como consecuencia de ello, transgredió el principio de perpetuatio jurisdictionis en virtud del cual la competencia no puede ser alterada en segunda instancia.

Se ordena la remisión del expediente a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia para que, de forma inmediata, resuelva la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia proferida por la Sala de Decisión Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar.

Se hace una advertencia a dicha autoridad para que, en lo sucesivo, observe con rigor la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre los conflictos de competencia en materia de tutela y se abstenga de formular conflictos aparentes que demoren las decisiones que debe adoptar como juez constitucional.